Factura electrónica vs. Verifactu: dos pilares de la digitalización fiscal en España
España está implementando dos sistemas paralelos para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida: la obligación de facturación electrónica B2B bajo la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022) y el sistema Verifactu establecido por la Ley Antifraude (Ley 11/2021) y su decreto de aplicación (Real Decreto 1007/2023). Aunque comparten el objetivo de mejorar la trazabilidad fiscal, operan con marcos legales y técnicos distintos.
Objetivos comunes y diferencias clave
Ambos sistemas buscan garantizar la integridad de los datos fiscales mediante requisitos estrictos sobre facturación electrónica. La obligación de factura electrónica B2B bajo Crea y Crece afecta a todas las empresas y autónomos, con un calendario basado en el volumen de negocio. Las grandes empresas (facturación superior a 8 millones de euros) serán las primeras en adoptar el sistema, seguidas por pymes y autónomos.
Verifactu, en cambio, se centra en la integridad del software de facturación. Este sistema exige que los programas de facturación generen registros inviolables con códigos QR y huellas digitales encadenadas, que pueden transmitirse en tiempo real a la Agencia Tributaria (AEAT). A diferencia de la factura electrónica obligatoria, Verifactu abarca tanto transacciones B2B como B2C.
Aspectos técnicos y temporales
Técnicamente, la factura electrónica B2B bajo Crea y Crece se basa en formatos estándar como FacturaE XML, UBL 2.1 o UN/CEFACT CII, compatibles con la norma europea EN 16931. Requiere el uso de plataformas públicas o privadas acreditadas, con enfoque en la interoperabilidad.
Verifactu impone exigencias específicas a los sistemas informáticos de facturación, incluyendo la generación automática de QR codes y huellas digitales para cada factura. El Real Decreto 1007/2023 establece estos requisitos, aunque los plazos de certificación del software se han ampliado. La norma prevé sanciones de hasta 50.000 euros anuales para los productores de software que no cumplan los requisitos y multas de hasta 1.000 euros por factura para los usuarios.
Ambos sistemas forman parte de la estrategia española de alineación con la iniciativa europea VAT in the Digital Age (ViDA), que propone obligaciones de facturación electrónica y reporting digital para todos los estados miembros de la UE antes de 2030. Sin embargo, el reglamento de desarrollo para la factura electrónica B2B aún está pendiente de aprobación definitiva, lo que genera incertidumbre sobre los plazos exactos.
